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  • Esto deja medio siglo de guerra en Colombia

    El acuerdo de paz que el Gobierno firmará con las FARC enfrenta un enorme reto: garantizar justicia, lograr la reconciliación del país y desmovilizar a los guerrilleros sin dejar una sensación de impunidad. Las víctimas del conflicto armado reconocen que los responsables de los peores crímenes quizá no serán castigados.
    Por: Ronny Rojas Antonio Cucho

    Pastora Mira García nació hace 60 años en San Carlos, un pueblo en las montañas del Sureste de Antioquia, Colombia. Casi toda su vida ha conocido la guerra.
    Su padre fue asesinado cuando ella tenía seis años. En 1974 le mataron a su primer esposo y a finales de los 90 huyó de la violencia con su familia a Medellín. Regresó a casa y en 2002 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –uno de los grupos paramilitares más sangrientos del conflicto armado– secuestraron y mataron a su hija Sandra, cuyos restos encontró seis años después. En 2005 le mataron a Jorge Aníbal, su hijo menor. Un sobrino también fue asesinado y su hermano Antonio está desaparecido desde febrero de 2002.
    Hoy ella es concejal y una conocida líder de las víctimas del conflicto armado en San Carlos, donde dirige el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, un espacio de encuentro entre los guerrilleros desmovilizados y la comunidad.

    Pastora cree que la paz que Colombia está a punto de lograr es “imperfecta” y costará consolidarla, pero apoya el acuerdo que pondrá fin a la guerra. Ella respaldaba la negociación inicial y apoya el nuevo plan que hoy 24 de noviembre firmarán el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochencko”.

    “No le puedo decir que el acuerdo es perfecto. Eso no lo vamos a lograr. Pero alcanzar a que se nombre lo innombrable es una puerta de entrada, es muy valioso. La paz costará, es un camino largo y tortuoso, pero no se compara con el monstruo de la guerra”, dijo Pastora a Univision Noticias.

    “Nunca estuvimos tan cerca. No quiero que los años pasen y nuestros niños nos recriminen por la cobardía de no haberles dado la oportunidad de vivir en paz”.

    Al igual que Pastora, muchos otros colombianos, víctimas todos al fin y al cabo, aceptan que el convenio de paz al que llegaron el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba, tras cuatro años de diálogo, es la mejor oportunidad que ha tenido el país para acabar con el conflicto armado que le desangró en las últimas cinco décadas.
    No puedo decir que el acuerdo de paz es perfecto. Eso no lo vamos a lograr. Pero alcanzar a que se nombre lo innombrable es una puerta de entrada, es algo muy valioso. La paz costará, es un camino largo y tortuoso, pero no se compara con el monstruo de la guerra.
    Pastora Mira García
    Victima del conflicto
    El lunes 26 de septiembre de 2016, el presidente Santos y Timochenko firmaron la paz en Cartagena de Indias, pero los colombianos rechazaron esa negociación en un plebiscito el 2 de octubre, pese a que distintas encuestas apuntaban a que el país lo aprobaría.

    Durante poco más de un mes se discutió y reescribió un nuevo pacto, incluyendo los puntos de vista de los sectores que se opusieron al documento inicial, principalmente el partido Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe. Ahora será el Gongreso colombiano el que debe aprobar este nuevo plan.

    “Para un país que durante décadas ensayó tantas veces una negociación de paz y nunca llegó a nada, este es un evento histórico”, dijo a Univision Noticias Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad pública creada en 2011 que busca el reconocimiento y la reparación de las víctimas.
    Pero hay un sector –políticos y víctimas– que lo objeta por considerar que ofrece voz política e impunidad a guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad.

    El plan de paz permite a las FARC presentarse a elecciones para el Congreso en 2018, aunque desde ya tienen aseguradas un mínimo de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

    “El acuerdo es inequitativo y pone por encima a los victimarios. Salen fortalecidos y las víctimas no hemos visto nada positivo. Así como está planteado, nadie irá a la cárcel. Es increíble”, manifestó a Univision la senadora liberal Sofía Gaviria, quien hasta el 17 de noviembre presidió la Comisión de Derechos Humanos del congreso colombiano .

    Gaviria representa a la Federación de Víctimas de las FARC, una de las organizaciones más grandes de afectados por la guerra en el país. Su hermano Guillermo, exgobernador de Antioquia, fue secuestrado y asesinado por la guerrilla en 2003.

    Los militares retirados también han manifestado su oposición de lo que negoció el Gobierno: “Las FARC resultaron supremamente favorecidas. Se aplican penas restaurativas y los integrantes de las bases van a asumir una responsabilidad penal mínima. El Gobierno cedió mucho más que las FARC en este proceso de negociación, asumió una actitud muy generosa, una posición débil que la guerrilla aprovechó de inmediato”, dijo a este medio el general retirado Jaime Ruiz Barrera, actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro (Acore).

    Fuente: www.univision.com